| Venezuela Nuevo reclamo por masacre de yanomamis en 1993 De: Notícias Adital < agencia@adital.org.br > Caracas, Venezuela - Aram Aharonian*, para Adital – Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron al gobierno de Caracas por incumplir compromisos asumidos en una instancia hemisférica para solucionar el conflicto suscitado por el asesinato, hace una década, de una docena de miembros de la etnia yanomami por mineros brasileños en la Amazonía venezolana. A mediados de 1993, en un sector del Amazonas conocido como Haximú, un grupo de 12 integrantes de la comunidad Yanomami fueron asesinados a manos de mineros brasileños, más conocidos como “garimpeiros”. En diciembre de 1996, la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), elevaron el caso ante el sistema interamericano al no conseguir justicia en la jurisdicción nacional. Durante los gobiernos de Jaime Lusinchi, Carlos Andrés Pérez, Ramón J. Velázquez y Rafael Caldera, las instancias venezolanos negaron justicia al tema. En 1999, autoridades del gobierno venezolano que encabeza Hugo Chávez y estas organizaciones suscribieron un acuerdo de solución amistosa que, entre otros aspectos, incluía la adopción de un plan de salud para beneficiar al pueblo Yanomami y medidas para garantizar el control y la vigilancia del área territorial de esta comunidad. Desde que se firmó este acuerdo el Estado no ha materializado la mayoría de los compromisos, señaló Provea. Las organizaciones de derechos humanos denunciaron este incumplimiento ante la Comisión Interamericana y el pasado 27 de febrero se celebró en la sede de dicha instancia continental la audiencia sobre el caso Haximú, en donde las organizaciones accionantes presentaron su última denuncia de incumplimiento. En dicha audiencia, una vez más el gobierno expresó su disposición a corregir sus faltas y en tal sentido aceptó la propuesta de organizar para marzo dos reuniones de carácter operativo donde se establecerían lapsos para el cumplimiento de los compromisos. Según las organizaciones accionantes, a más de un mes de la fecha estipulada, el Estado venezolano incumplió otra vez sus responsabilidades y demuestra su inconsecuencia para con su obligación constitucional de mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Marino Alvarado, coordinador del área de Defensa de Provea, en unas declaraciones con cierto tinte político, señaló que “es lamentable que mientras en el discurso el gobierno se vanagloria de mejorar la situación de las comunidades indígenas, en los hechos nuestros indígenas continúen sometidos a altos niveles de miseria y la total desprotección del Estado”. Por su parte, Marisol Blanchard, abogada del Cejil, instó al Estado venezolano a cumplir con las decisiones del sistema interamericano y señaló que “una visita de la Comisión Interamericana sería muy provechosa para impulsar este caso y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas”. Provea señaló que con esta nueva falta del Estado, las organizaciones de derechos humanos accionantes se colocan en situación de comunicarle a la CIDH la posibilidad de retirarse del acuerdo y solicitaran la continuación del procedimiento jurídico ante dicha instancia regional. *Presidente de la Asociación Latinoamericana para la Comunicación Social y director del mensuario Question con Le Monde Diplomatique
|